Cada vez se acerca más el saldo de una deuda social: la inclusión laboral travesti/trans. La media sanción en Diputados y una lucha histórica, con la victoria a la vuelta de la esquina.

Foto: Info News

El proyecto de ley nombrado “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, en honor a la histórica lucha precursora por cambiar las oportunidades de las personas travestis/trans, ha logrado la media sanción en Diputados. Luego de cuatro horas de debate, tras un conteo de 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones (estas dos últimas salvedades integradas por candidatos de Juntos por el Cambio), la propuesta escala ahora hacia el Senado en medio de una euforia social que no pasa inadvertida.

El proyecto de ley estipula que el 1% de los cargos de administración pública, de los tres poderes del Estado, de los cargos de administración pública, de los tres poderes del Estado, de los “ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado” (cita del documento oficial) serán destinados a esta población, y sugiere distintas acepciones:

Podrán acceder a los puestos de trabajos las personas identificadas como travestis o trans, así se hayan o no realizado el cambio de nombre o sexo en los documentos de identidad.

Se creará un Registro Único de Aspirantes, al que podrán inscribirse los interesados, pero no será un método excluyente ni obligatorio para quienes apelen a los puestos de trabajo.

Otro ítem no excluyente, que ha sido una barrera histórica para la exclusión de la comunidad, serán los estudios. No se tomará en cuenta como requisito la finalización de éstos, sino que el Estado garantizará los medios para que, en correlación con el trabajo digno y estable, las personas logren terminar con la escolaridad requerida.

No serán tenidos en cuenta tampoco los antecedentes penales que resulten “irrelevantes” para el puesto laboral.

El proyecto y su media sanción tienen como antecedente un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que ya establecía este margen de porcentaje de cupos laborales públicos destinados para la comunidad. La amplitud de este debate y las normativas presentadas en el proyecto actual son ampliamente favorables para el desarrollo psíquico y social de las personas travestis o trans.

La expectativa de vida de una persona travesti o trans es de entre 35 y 40 años. Esto tiene que ver con la sistemática violación a los derechos humanos fundamentales. La desinformación y el odio a la diversidad han llevado siempre a la exclusión de la comunidad, haciéndola vulnerable a sufrir las peores condiciones laborales, educativas y habitacionales.

El debate de este proyecto pone en tela de juicio los discursos machistas y patriarcales, que colonizaron cada aspecto de nuestras vidas, conduciendo a la violencia y discriminación estructural en la que deben nacer, crecer y desarrollarse las minorías; la gran estigmatización y la desigualdad de oportunidades.

La Campaña Nacional por el Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans está integrada por más de 250 organizaciones civiles en todo el país, y fue la encargada, junto con el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en conjunto con las diputadas nacionales Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Cristina Álvarez Rodríguez, de la redacción del proyecto de ley que hoy está en manos de la Cámara Alta.

Los y las activistas festejaron este medio triunfo y esperan con ansias que los senadores comprendan la urgencia de la situación.

De a poco, con una gran lucha que trasciende épocas y vence odios, los excluidos recuperan el terreno que les sacaron. Los derechos son para todos, y estas conquistas son fruto de la militancia en las calles. Solo hace falta un Estado y una sociedad que atienda las urgencias del presente y del futuro, que son feministas e inclusivas.

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